“Pude pasear por la calle con la cabeza alta y acceder a servicios que antes eran impensables”
- Fundación Serra Schönthal
- hace 16 horas
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Avanza la regularización extraordinaria para personas migrantes en España, que ha estado bloqueada desde abril de 2024 en el Congreso
Si no tienes mucho tiempo para leer… [TL;TR]
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* Marta es un testimonio anonimizado que fusiona las experiencias de dos mujeres atendidas por los proyectos de Oblatas en Madrid y Cádiz.
Noventa días pueden ser suficientes para que una vida cambie. Marta (nombre ficticio) llegó a España como turista en 2017 desde Colombia. Disponía de noventa días para encontrar un resquicio y poder permanecer en el país con residencia, pero no lo encontró. Lo que sí encontró fue la situación de irregularidad.
Su vida cambió: dificultades para alquilar, imposibilidad de firmar un contrato de trabajo, miedo permanente a que la identificasen por la calle y la expulsasen… Entretanto, su familia necesitaba dinero y esperaban sus remesas. Noventa días fueron suficientes para cruzar la puerta de la clandestinidad.
La vulnerabilidad superpuesta de mujeres migrantes en situación de prostitución o explotación sexual
En el caso de la prostitución, ésta funciona como “mecanismo de control social y moral” que reduce a la mujer a su actividad, borrando su condición de persona y condenándola a la clandestinidad, explican los equipos locales de Oblatas. El peso psicológico de esa vida en la sombra se expresa en aislamiento, anulación de la identidad derivada de la doble vida que a menudo mantienen para ocultar la realidad a su familia en el país de origen y un miedo constante a ser “descubiertas”.
En el caso de mujeres en situación de explotación sexual, los tratantes utilizan la irregularidad administrativa como una herramienta sistémica para anular la voluntad de la víctima. Los explotadores utilizan la falta de "papeles" como una herramienta de chantaje, amenazas y esclavitud por deuda para impedir que la víctima escape.
La regularización a través del arraigo socio-laboral es prácticamente inaccesible para ellas. Los horarios, la itinerancia y la informalidad de los trabajos a los que se ven abocadas impiden reunir algunos requisitos tan básicos como empadronarse (los Ayuntamientos exigen un contrato de alquiler o una autorización de la persona propietaria), o realizar trámites. “La irregularidad facilita todas las formas de explotación y el ordenamiento jurídico se convierte en una herramienta que usa el explotador para someter”, explican desde Oblatas Madrid.
Marta explica: “Cuando por fin surgía un contrato, los certificados de mi país llegaban tarde o caducaban mientras me concedían una cita en Extranjería”. En ese tiempo de espera, la oferta de trabajo podía desvanecerse y el bucle se reactivaba. “La Administración, que además está colapsada, impone unas exigencias inalcanzables que generan desamparo sostenido y una vulneración de derechos sistemática”, explican desde el equipo jurídico del programa Oblatas Madrid.
“Cuando por fin surgía un contrato, los certificados de mi país llegaban tarde o caducaban mientras me concedían una cita en Extranjería”.
Derechos que se vulneran 👇
Dignidad de la persona (Art. 10.1 de la Constitución Española): Se impide una vida plena al condenar a la persona a la marginación permanente.
Tutela judicial efectiva (Art. 24 de la Constitución Española): El miedo a la expulsión y el laberinto administrativo impiden que las personas denuncien delitos o acudan a la justicia (son "legalmente invisibles").
Seguridad Jurídica (Art. 9.3 de la Constitución Española): Las normas son rígidas, confusas y dependen de criterios arbitrarios o del silencio administrativo.
Igualdad y a la No Discriminación (Artículo 14 de la Constitución Española): Aunque el Tribunal Constitucional permite modular ciertos derechos según el estatus migratorio, el documento argumenta que la restricción excesiva de servicios básicos (sanidad, vivienda o trabajo) vacía de contenido la protección que el Estado debe garantizar a todo ser humano.
Vida privada y familiar (Artículo 8 del CEDH): la imposición de criterios puramente formales ignora los vínculos ya consolidados.
Derechos básicos como la salud y asistencia sanitaria, la vivienda, el trabajo digno y la protección social, la educación y la formación.
¿Qué cambia cuando una mujer obtiene la residencia legal?
“Significó pura felicidad. Dejar de tener miedo a ser expulsada o sentirme una delincuente. Pude pasear por la calle con la cabeza alta y acceder a servicios que antes eran impensables, como salud, educación y prestaciones”. Con la residencia, Marta consiguió un empleo formal y pudo ser transparente con su familia, dejando atrás la “culpa”.
Gracias a compañeras, amistades y la ayuda de entidades sociales como los proyectos de Oblatas, pudo regularizarse. “Llevaba años sola, perdida, desprotegida y desinformada”, recuerda. Las trabajadoras sociales y psicólogas la acompañaron y ayudaron a sostener la ansiedad, las abogadas a entender el lenguaje de la Administración y gestionar el proceso.
La regularización no siempre es el punto y final
“Tengo miedo y ansiedad constantes al futuro”, confiesa Marta evidenciando los efectos de casi diez años enfrentándose a trámites “largos, complejos y contradictorios” que le han producido crisis de ansiedad: “A veces me bloqueo. Cuando estoy en las oficinas no puedo ni hablar”.
Pese a la tranquilidad inicial que produce tener un permiso de residencia, no debemos olvidar que es temporal y condicionado a cumplir ciertos requisitos que a menudo “no dependen de la persona extranjera”, sino de un sistema diseñado para “llevar a cabo un control migratorio en lugar de políticas de inserción social”, señalan desde el área Jurídica del programa Oblatas Madrid. Si se pierde el trabajo y no se encuentra otro en el plazo exigido, si se produce la separación de una pareja de hecho… Es una espada de Damocles.
Desde la Fundación Serra-Schönthal celebramos el acuerdo del Consejo de Ministros para impulsar una regularización extraordinaria de personas migrantes en España, una medida largamente esperada (y luchada) que podría reconocer derechos a más de 500.000 personas con quienes convivimos, pero a quienes se ha condenado a la invisibilidad administrativa y social.
Esta regularización es una medida de justicia social necesaria para combatir que el 68% de las personas migrantes en situación irregular se encuentran en exclusión social.
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) detrás de esta regularización ha estado bloqueada en el Congreso desde abril de 2024. La tramitación de urgencia usando un Real Decreto ha sido una demanda de las entidades sociales desde entonces que cristaliza ahora. Esta vía reduce los plazos administrativos a la mitad y ofrece una respuesta a una realidad de urgencia social que miles de personas viven cada día.
Un logro del movimiento migrante y de la sociedad civil
Este avance es el resultado de años de movilización del movimiento migrante organizado y la sociedad civil antirracista:
Año 2020: nace el movimiento #RegularizacionYa, impulsado por colectivos migrantes y organizaciones antirracistas.
Diciembre de 2021: se inicia la recogida de firmas para una ILP, que logra más de 700.000 apoyos y el respaldo de más de 900 organizaciones sociales, religiosas y empresariales.
Como Fundación, colaboramos activamente en esta recogida a través de SERCADE. Esta entidad forma parte de la red de ONG Redes y del grupo promotor de la ILP. En este grupo también participan:Fundación Por Causa, Colectivo Regularización Ya, Partido Por Un Mundo Más Justo, Fundación Ciudadanía Global, Alianza por la Solidaridad. Además, desde el año pasado apoyamos al equipo de incidencia política de Redes ONGD para que la iniciativa lograra salir adelante. |
9 abril de 2024: el Congreso admite a trámite la ILP con 310 votos a favor y 33 en contra (Vox). A partir de ahí, el proceso entra en una fase de bloqueo.
9 de noviembre de 2024: el Gobierno aprueba el nuevo Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), que deja en un limbo administrativo (cuando no empuja directamente a la irregularidad) a miles de personas solicitantes de asilo con resoluciones denegadas.
27 de enero de 2026: el Consejo de Ministros aprueba iniciar la tramitación vía Real Decreto para modificar el Reglamento de Extranjería, algo que no exige aprobación en el Congreso.
El borrador inicial de la regularización estuvo abierto a audiencia pública para recibir aportaciones ciudadanas. Se estima que el texto esté publicado en el BOE antes de abril de 2026. Desde Fundación Serra-Schönthal estaremos atentas a los avances para poder actualizar la información de la manera más precisa posible.
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