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No sale adelante la Ley contra el proxenetismo en España

El pasado martes 21 de mayo tuvo lugar en el Congreso de los Diputados del Estado español, la Sesión Plenaria para tomar en consideración la proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas.

  

Mediante la presente modificación del Código Penal “se pretende articular la necesaria respuesta penal, optándose por castigar el proxenetismo de manera general en el artículo 187, sin exigir la relación de explotación, que conduce a una restricción indeseada del alcance del tipo. Al requerirse que el favorecimiento de la prostitución se realice con ánimo de lucro, se dejan fuera del tipo conductas de mera recepción de dinero proveniente de la persona prostituida (por ejemplo, familiares) y otras conductas que pueden considerarse neutrales o inocuas


Tras la intervención de cada una de las y los representantes de los partidos que forman la Cámara, se daba paso a la votación oficial con respecto a la propuesta, ganando finalmente la oposición a la tramitación de la misma con buena parte de los aliados parlamentarios del Ejecutivo, incluyendo el socio minoritario del gabinete, Sumar, y derrotada finalmente por el Partido Popular (PP), a quien se tenía en duda sobre su voto final.


En el caso de Sumar, ya había expresado su desacuerdo con la misma, pese a que Unidas Podemos la apoyase en su día, salvo los comunes, que ya entonces no concordaban con la propuesta. Fue el Partido Popular, quien habiéndola apoyado previamente, cambió radicalmente su posición y votó en contra. Ni siquiera Vox dio este giro tan radical, absteniéndose. El resultado final fue claro: 122 a favor, 184 en contra y 36 abstenciones. Es la primera vez en casi seis años de Gobierno del actual partido Socialista que el Congreso impide al PSOE tramitar una iniciativa legislativa. Pero no es para menos, pues dicha propuesta tenía inherentemente una complejidad que claramente se vio reflejada en las argumentaciones dadas durante la Sesión plenaria.


La primera intervención de Andrea Fernández (PSOE), demostraba una defensa férrea con respecto a la tramitación de la misma, ya que hablaba de la obligación de “perseguir a una industria criminal que actúa internacionalmente y con impunidad en España” junto con la argumentación de que “no existe la prostitución libremente elegida”. Mientras que Martina Velarde del Grupo Mixto, cuestionaba si de verdad el grupo socialista creía que se podría abolir el sistema prostitucional con el Código penal, y argumentaba que con esta Ley “se pone claramente en riesgo a las mujeres en contextos de prostitución, a su familia y a su entorno de apoyo” y acusaba al partido de “desoír” las recomendaciones del comité CEDAW de Naciones Unidas que piden expresamente que se persiga la explotación ajena y no el lucro de la misma y se proteja así el derecho a la libertad sexual.


La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la sesión plenaria de este martes en el Congreso. Gustavo Valiente / Europa Press


Una de las principales críticas a la Ley es que la única medida fuese el endurecimiento de las penas sin un plan alternativo para las mujeres. “Cortan la cuerda y no ponen red” dijo Joseba Agirretxea (PNV) que apelaba a la “ética de la responsabilidad”, expresando que el PSOE se había guiado únicamente por la “ética de la convicción” en cuanto a la propuesta. El discurso de la diputada Pozueta (EH Bildu) se puede decir que fue bastante directo e incisivo, pues expresaba el “despropósito y la total irresponsabilidad” que había supuesto esta proposición de Ley, y expresaba claramente que “son ellas, las trabajadoras sexuales, quienes deben trasladar su situación, sus reivindicaciones y sus propuestas”. También Pilar Calvo, de Junts, definió el discurso socialista como “demagogia”, coincidiendo con las demás personas disputadas en que la principal consecuencia para las mujeres sería la clandestinidad.


Tras este debate y la decisión final con respecto a no tramitar dicha Ley, queda clara la complejidad que envuelve a la realidad de la prostitución, sobre todo, con respecto a su legislación, y el impacto y consecuencias que ésta puede tener para las personas en dichos contextos, y especialmente para las mujeres que forman mayoritariamente dicho colectivo. No es suficiente abordar esta realidad únicamente desde el marco penal, sino que es necesaria la implementación de programas específicos que tengan en cuenta la perspectiva de protección a través del acceso a una vivienda digna y a trabajos dignos y no precarizados entre otros derechos. Esto pasa por la modificación de otras leyes existentes que promueven barreras especialmente para las mujeres migrantes en situación de irregularidad administrativa, como son la Ley de extranjería y la Ley mordaza que continúan criminalizándolas.


Al mismo tiempo, es importante no obviar e incidir en la puesta en marcha de una educación en igualdad, en materia de sexualidad y también en la sensibilización con respecto al estigma que sufren las mujeres en contextos de prostitución, estigma que en muchas ocasiones les priva de su participación en la vida social y política, y por lo tanto en la toma de decisiones en el marco legislativo.

 

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